Defensa frente a acusaciones de fraude con pagos militares

Qué sucede

Estos casos nacen de auditorías del servicio financiero y de materiales de la fiscalía militar. El detonante es una discrepancia en los papeles: una orden emitida después de los hechos, cifras en una nómina que no coinciden con los registros de la unidad, un pago que continuó tras un cambio de situación. Una discrepancia por sí sola no dice nada sobre la intención del hombre.

La cuestión central en un caso así es quién preparó y firmó los documentos y qué sabía el militar de su contenido. Los pagos pasan por varios servicios, y el papel de un militar en esa cadena suele ser muy distinto del descrito en la resolución. Esto se comprueba con las firmas, las órdenes y el recorrido que siguieron los documentos.

El cálculo es una línea de trabajo aparte. La pérdida suele contarse sobre todo el periodo de pago, aunque parte de él se apoyara en documentos válidos. No juzgamos la culpabilidad, eso corresponde al tribunal. Comprobamos el cálculo, los documentos y la secuencia de los hechos, y procuramos que las conclusiones se apoyen en documentos y no en suposiciones.

Qué dice la ley

• Las acusaciones por pagos se formulan conforme a las disposiciones sobre fraude, incluido el fraude en la obtención de prestaciones; el delito exige engaño e intención probados.
• Los fundamentos de los propios pagos provienen de la legislación sobre retribuciones y sobre el estatuto de los militares, y de las órdenes y documentos contables de la unidad.
• Un error de cálculo, un error del servicio de personal o financiero y un engaño deliberado son situaciones distintas, y un caso debe distinguirlas.
• El monto imputado afecta a la calificación, por lo que el cálculo de la pérdida es una cuestión que debe someterse a prueba por sí misma, no darse por sentada.
• Las sumas pagadas en exceso pueden reclamarse en una demanda civil aparte por enriquecimiento sin causa, con independencia de la causa penal.
• Los casos contra militares los investigan los órganos de instrucción militares y los juzga un tribunal militar; el derecho a un abogado defensor se aplica desde el primer interrogatorio y desde la etapa de auditoría.

Qué hacemos

• Entramos en el caso como abogados defensores y asistimos a interrogatorios, careos y otras diligencias de la instrucción en que participe nuestro cliente.
• Mapeamos el recorrido de los papeles: quién preparó las órdenes y las nóminas, quién las firmó, cómo se abonaron los pagos y dónde surgió la discrepancia.
• Comprobamos el cálculo del monto imputado y objetamos los periodos y conceptos incluidos en él sin fundamento adecuado.
• Solicitamos a la unidad y al organismo financiero órdenes, extractos de pago, nóminas, correspondencia y registros contables.
• Solicitamos que se interrogue al personal de los servicios de personal y financiero y que se realicen peritajes contables y caligráficos.
• Preparamos la posición para el juicio, comparecemos ante el tribunal militar y nos ocupamos de la demanda civil conexa de recuperación de las sumas.

Qué necesitamos de usted

• Documentos del servicio: el contrato, extractos de órdenes, un certificado de servicio, documentos de destino.
• Todos los documentos sobre los pagos en disputa: extractos de pago, nóminas, certificados de las cantidades abonadas, extractos bancarios.
• Material de la auditoría y documentos del instructor: informes de auditoría, resoluciones, actas de interrogatorio, documentos de la acusación.
• Historiales médicos y documentación de heridas, cuando el pago estaba relacionado con ellos.
• Correspondencia con los servicios de personal y financiero, e informes y solicitudes con sello de recibido.
• Referencias de carácter de la unidad, datos de la familia y de las personas a cargo, constancias de condecoraciones.