Deuda por contrato de suministro: reclamación, tribunal y ejecución

Un proveedor suele acudir a un jurista cuando el retraso ya supera los seis meses y queda claro que las promesas de pagar "el mes que viene" no van a terminar nunca. Para entonces parte de las pruebas ya se ha perdido. Esta es la secuencia con la que un caso avanza con rapidez.

Qué prueba la deuda

El contrato y las especificaciones. Si no se firmó contrato, la relación se considera una serie de compraventas puntuales, acreditadas por los albaranes. Eso funciona, pero entonces no hay cláusula penal contractual.

Los documentos de entrega de la mercancía. Un albarán o un documento universal de transmisión firmado por una persona autorizada y sellado. La cuestión clave es la facultad del firmante: un poder, una orden interna o la prueba de que la persona actuó en circunstancias que indicaban que tenía facultades.

Los documentos de transporte. La carta de porte, la hoja de ruta, los registros de acceso al recinto. Con ellos se cierra el argumento más habitual del deudor: "nunca recibimos la mercancía".

El acta de conciliación de saldos. Firmada por el deudor, interrumpe el curso del plazo de prescripción: es un reconocimiento de la deuda.

La correspondencia. Cartas en las que se pide más plazo para pagar, cartas de garantía, mensajes del personal del deudor en aplicaciones de mensajería. Los tribunales admiten la correspondencia cuando se puede identificar al remitente.

La reclamación previa

Para una disputa ante el tribunal comercial (arbitrazh), el procedimiento de reclamación previa es obligatorio. El plazo de respuesta es de treinta días naturales, salvo que el contrato fije otro.

La reclamación debe contener: el cálculo de la deuda principal por cada entrega, el cálculo de la penalidad contractual o de los intereses a la fecha de la carta, la exigencia de pago con indicación del plazo y de los datos bancarios, y la lista de anexos.

Se envía a la dirección que figura en el registro de personas jurídicas, por correo certificado con inventario de contenido. El envío por vía electrónica es admisible si el contrato prevé ese medio.

El error que cuesta meses: una reclamación previa por un importe menor que el que se reclama después. El tribunal dejará la demanda sin examinar en la parte en que no se respetó el procedimiento.

Penalidades contractuales e intereses

Si el contrato prevé una penalidad, se calcula conforme al contrato. Si no la prevé, se reclaman intereses con arreglo al artículo 395 del Código Civil, a la tasa clave por cada día de retraso.

No se puede cobrar a la vez la penalidad contractual y los intereses del artículo 395: se aplica una u otros.

En su contestación, el deudor casi siempre pide que se reduzca la penalidad conforme al artículo 333. La reducción se admite cuando la penalidad es manifiestamente desproporcionada y, tratándose de una empresa, solo a petición suya y si se prueba la desproporción. Una tasa de alrededor del 0,1 % diario suele mantenerse; una del 1 % diario se reduce con frecuencia.

Procedimientos acelerados

El procedimiento monitorio (orden judicial) se aplica hasta 500 000 RUB cuando la demanda se basa en documentos que confirman la deuda y el deudor los reconoce. La orden se dicta sin citar a las partes, en diez días. El inconveniente: el deudor puede presentar oposición en diez días y la orden queda entonces anulada automáticamente, sin necesidad de motivación.

El procedimiento simplificado se aplica hasta 1,6 millones de RUB tratándose de personas jurídicas. No hay audiencia con las partes, se resuelve sobre la base de los documentos y el caso se ve más rápido.

Para importes mayores se aplica el procedimiento ordinario de demanda.

Medidas cautelares

La parte más subestimada del proceso. La solicitud de embargo de fondos o bienes se presenta junto con la demanda y se examina al día siguiente, sin citar a las partes.

Los tribunales conceden estas solicitudes cuando están bien fundamentadas: el deudor está vendiendo activos, cambiando de domicilio, ha iniciado su liquidación o tiene procedimientos de ejecución en su contra. El mero temor a un impago no basta; hacen falta extractos de registros, información sobre otras reclamaciones y datos que muestren una caída de los activos.

Si el deudor no tiene dinero

A partir de ahí, hay tres líneas de actuación.

El procedimiento de ejecución impulsado activamente: consultas a bancos, rastreo de bienes, prohibición de salida del país al director y ejecución sobre los créditos del propio deudor.

La insolvencia del deudor. La solicitud puede presentarse cuando la deuda es de 2 millones de RUB o más y está confirmada por una sentencia judicial. A menudo el aviso de intención de presentarla cambia por sí solo la conducta del deudor; en la práctica eso funciona con más frecuencia que el propio procedimiento.

La responsabilidad subsidiaria de las personas que controlan la sociedad, cuando esta ha sido llevada a la insolvencia o simplemente abandonada. Dar de baja del registro a una persona jurídica inactiva no cierra el asunto: desde 2017 el acreedor tiene derecho a demandar al director y a los socios cuando han actuado de mala fe.

Este material es solo informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

Si una contraparte no paga, escríbanos. La primera consulta es gratuita cuando se firma un convenio de prestación de asistencia jurídica.

Kristina Tsypkalo — abogada, socia del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados»